Nueva normativa de protección de menores

safeguarding, protección menores
Nueva normativa de protección de menores

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta importante norma llegará al Congreso en febrero y afectará a unas 11 leyes, entre ellas el Código Penal.

Algunas implicaciones son el incremento en los plazos de prescripción de dichos delitos, la reducción de la presencia de los menores en los juzgados, la creación de unidades policiales especializadas, el registro central de dichos delitos o el fortalecimiento de los servicios sociales como autoridad pública en la materia.

Las implicaciones más importantes afectan sin duda a los centros educativos, pues se prevé la creación de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en cada escuela, inspirándose claramente en el modelo británico que desde hace mucho tiempo cuenta con el Designated Safeguarding Lead (DSL) como referente en la protección de menores. Gran parte del Plan Integral de Crisis de Evidentia está inspirado en el modelo de safeguarding británico.

Se definen también indicadores de riesgo, los cuales detectamos en la Auditoría de Vulnerabilidad inicial: acoso, ciberacoso, abusos sexuales, violencia de género o discriminación de cualquier índole. Dicha Auditoría analiza los diferentes riesgos mediante un sistema de rúbricas ponderadas que ofrecen un porcentaje de vulnerabilidad. El enfoque en la prevención y la detección nos permite estar preparados en caso de una situación crítica, al tiempo que minimiza las posibilidades de ocurrencia.

Finalmente, cabe destacar que esta Ley va a introducir nuevas tipologías delictivas en el Código Penal, de acuerdo a los tiempos que corren: incitación al suicidio o a los desórdenes alimentarios, fomento de la auto-lesión, delitos contra la libertad sexual, ciberchantajes, etc. Cabe tener presente que se introducirá la obligación de denunciar ante la sospecha de este tipo de acciones, y se exigirá la implementación de sistemas de denuncia anónima y segura (whistleblowing), en línea con una futura Directiva de la Comisión Europea. La Auditoría de Vulnerabilidad y el Plan Integral de Crisis de Evidentia contemplan la posibilidad de implementar estas importantes herramientas para proteger a los menores como es debido.

 

Notícias relacionadas